Reclamaciones

Consumo impulsa una ley para regular la atención al cliente de las empresas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la redacción del anteproyecto de Ley con el que el Ministerio de Consumo regula los servicios de atención al cliente. Entre otras cuestiones, la norma pondrá límites al uso de contestadores automáticos con los que las empresas se relacionan con los consumidores, garantizará la atención a personas vulnerables y hará pública la evaluación de los clientes de la atención recibida.

Consumo apoya un reglamento europeo de seguridad específico para plataformas de venta online

El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha trasladado hoy el parecer favorable del Gobierno de España con la propuesta de la Comisión Europea sobre un nuevo Reglamento relativo a la Seguridad General de los Productos (GPSR), que sustituya a la actual Directiva. Escudero ha expresado que el anuncio de la Comisión Europea (CE) genera “grandes expectativas” porque “facilitará una aplicación más homogénea de los requisitos de seguridad de los productos a escala de la UE”.

Consumo notifica a las inmobiliarias conductas abusivas en los contratos de alquiler

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comparecido esta mañana en la reunión del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano compuesto por las principales asociaciones de consumidores de España. El titular de la cartera ha informado, entre otras cuestiones, de que el ministerio se ha puesto en contacto este lunes con inmobiliarias y portales online de alquiler de vivienda para notificarles su preocupación por la dinámica creciente de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos entre particulares.

Consumo destina 1,62 millones de euros a ayuntamientos y CCAA para la resolución de conflictos entre clientes y empresas

El Ministerio de Consumo ha publicado hoy la convocatoria anual de subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales. Con un total de 1.620.440 euros, el Gobierno financia los sistemas de resolución de conflictos entre empresas y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al procedimiento judicial.

El Gobierno inicia el trámite para dotar a Consumo de capacidad sancionadora ante fraudes masivos

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el inicio de la tramitación de la reforma del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) para adaptarla a las nuevas formas de comercio electrónico y regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras que, hasta ahora, carecen de regulación específica.

Consumo y CCAA reconocen el derecho a mantener las condiciones de las cuentas bancarias contratadas sin comisiones

A partir de ahora, todas las autoridades de Consumo tendrán en cuenta este criterio consensuado cuando tengan que resolver reclamaciones o iniciar expedientes sancionadores.

Consumo y comunidades autónomas han constatado que, en determinadas ocasiones, las entidades financieras ofrecen cuentas corrientes y de ahorro sin gastos de mantenimiento. La condición suele ser que el usuario cumpla algunos requisitos relacionados con un saldo mínimo o con domiciliaciones de recibos. Los bancos publicitan estos productos como libres de comisiones.

Consumo recuerda que los viajeros afectados por cancelaciones a causa de Filomena tienen derecho al reembolso

Asimismo, Consumo ha recordado a las compañías que los viajeros que se hayan visto afectados por cancelaciones tienen derecho al reembolso del dinero pagado por sus billetes.

En el caso de las compañías aéreas, podrán ofrecer bonos alternativos por valor del importe del billete cancelado. En todo caso, la aceptación de estos bonos es voluntaria para los consumidores y no podrá sustituir a su derecho al reembolso.

El Gobierno modifica el régimen sancionador de la Ley de Consumidores para facilitar que los afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero

La declaración de una cláusula como abusiva supone la nulidad de la misma con efectos retroactivos. Por tanto, las empresas están obligadas, no solo a dejar de incluir esa cláusula en los nuevos contratos, sino también a devolver todo lo cobrado en el pasado de forma ilícita.