Resolución alternativa de conflictos

La Junta Arbitral Nacional de Consumo, constituida por Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo y adscrita a la Dirección General de Consumo, a través de la Subdirección General de Arbitraje y Derechos del Consumidor, es un órgano administrativo de gestión de arbitraje institucional de consumo, que desarrolla sus funciones en el marco del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Su ámbito territorial de actuación tiene carácter supra autonómico, dado que existen otras Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito territorial diverso (autonómicas, provinciales y municipales), que también resultan competentes en sus respectivos ámbitos territoriales.

Además de impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo que tiene encomendados -esto es, la resolución de conflictos entre consumidores y empresarios de ámbito nacional y transfronterizo, derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios de cualquier sector económico-, siempre que sean de su competencia, también lleva a cabo diversas labores adicionales. Entre ellas el fomento del arbitraje de consumo entre los consumidores, mediante la información sobre las características del procedimiento arbitral y, asimismo, entre las empresas y profesionales, tramitando la resolución de las ofertas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de las empresas que operan en un ámbito territorial que abarque más de una comunidad autónoma, mediante la concesión del distintivo que acredita su sometimiento al arbitraje de consumo.

También vela por el mantenimiento de la debida independencia de los árbitros, a través de un procedimiento específico de acreditación de los mismos, que avala su independencia, imparcialidad, cualificación y honorabilidad para poder resolver de manera adecuada los conflictos que le sean sometidos. E igualmente da el apoyo requerido a los órganos arbitrales, ya sean unipersonales o colegiados, para la resolución de los conflictos que se sometan a la Junta Arbitral de Consumo.

La Junta Arbitral Nacional de Consumo ha sido acreditada como entidad de resolución alternativa de conflictos y notificada a la Comisión Europea, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y se encuentra incluida en el listado nacional de entidades acreditadas disponibles en la Plataforma Europea de Resolución de Conflictos en Línea.

Como entidad de resolución alternativa de conflictos de consumo:

  1. Es una entidad de carácter público, adscrita al Ministerio de Consumo.
  2. Las personas encargadas de la resolución del conflicto se denominan árbitros. Los órganos arbitrales pueden ser únicos o colegiados según a cuantía o complejidad del asunto sometido a arbitraje.
  3. Los árbitros únicos o Presidentes de órganos arbitrales colegiados son nombrados por su condición de funcionarios públicos y han de ser licenciados en derecho. Los árbitros que integran los colegios arbitrales, en representación de las asociaciones empresariales o de consumidores son propuestos por las mismas y acreditados por el Presidente de la Junta Arbitral. Se les exige conocimientos y experiencia en derecho de consumo y la condición de abogados en ejercicio, si han de resolver el arbitraje en derecho.
  4. Conoce de cualquier tipo de litigios siempre que exista convenio arbitral y sean de su competencia.
  5. Los litigios son resueltos en derecho o en equidad según el acuerdo de las partes o el contenido de la oferta de adhesión de la empresa reclamada.
  6. El procedimiento seguido es el establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero que regula el Sistema Arbitral de Consumo y, supletoriamente la  Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
  7. Las reclamaciones solo pueden ser presentadas en Castellano.
  8. La duración media de sus procedimientos no puede superar los 90 días, salvo en casos excepcionales.
  9. La resolución que pone fin al procedimiento es vinculante y ejecutiva, tiene valor de cosa juzgada y supone la renuncia a la vía judicial.
  10. El procedimiento es gratuito para las partes, excepto los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte que serán sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes por mitad. Las pruebas propuestas de oficio por el órgano arbitral, serán costeadas por la Junta Arbitral de Consumo en función de sus disponibilidades presupuestarias.
  11. En caso de mal funcionamiento de la Junta se podrá presentar una queja ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.